Áreas temáticas

Autor

Belén Pérez-Pérez, Pilar Díaz-Cuevas, Francisco José Martín Peinado

Año de publicación

2024

Editorial

Hábitat y Sociedad

Fuente

Artículo de Revista Científica

La necesidad de cumplir con los objetivos europeos para sustituir las fuentes de energías no renovables por fuentes de energía renovable está llevando a la ocupación de suelos en el ámbito rural. En este contexto, los municipios de carácter eminentemente agrario encuentran que sus suelos están desprotegidos ante el modelo en el que se está basando la actual transición energética. Este trabajo analiza la distribución de las instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas en Andalucía de más de 10 MW, la capacidad de uso de los suelos sobre los que se encuentran y los cambios de uso, para conocer si se han producido pérdidas de suelos de mayor capacidad. Los resultados muestran la desigual distribución de estas instalaciones en Andalucía, encontrando que estas se ubican en 52 de los 785 municipios andaluces. Asimismo, el 69,6% de las plantas solares fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares ocupan suelos catalogados como con buena capacidad de uso (categorías S1 y S2), lo que supone una importante pérdida de tierras productivas. Se establece la necesidad de que las administraciones responsables desarrollen normativas específicas que hagan compatible las necesidades energéticas con la preservación de los suelos agrícolas. Este artículo analiza el impacto de la instalación de plantas solares fotovoltaicas y termosolares de más de 10 MW sobre los suelos agrícolas en Andalucía. Los resultados muestran una distribución desigual, concentrándose el 69,6% de las plantas fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares en suelos de alta capacidad agrícola (categorías S1 y S2), lo que supone una pérdida significativa de tierras productivas. El estudio revela que estas instalaciones ocupan 11.475,1 hectáreas, principalmente en las provincias de Sevilla y Cádiz, y se localizan en solo 52 de los 785 municipios andaluces. Los autores concluyen que es urgente desarrollar normativas específicas que compatibilicen las necesidades energéticas con la preservación del suelos agrícola, incorporando criterios de calidad del suelos en la planeamiento de ubicaciones para plantas solares.